Por Ricardo R. Noé y Jorge C. Colindres
A inicios de la semana, el economista Ricardo Castaneda, en representación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), recomendó que Honduras regrese al sistema tributario de renta universal. En el 2017, tras la entrada en vigor del nuevo Código Tributario, Honduras abandonó la renta universal y ésta fue reemplazada por la renta territorial, quedando establecido que solo serían gravados los ingresos obtenidos de fuente hondureña por los contribuyentes del país. Castaneda e ICEFI ven este cambio en la política fiscal hondureña como un problema porque la pandemia del COVID-19 ha generado una contracción económica que se estima puede representar una caída del 8% en el PIB, lo que a su vez ha causado una reducción considerable en los ingresos tributarios del gobierno. Los proponentes de la renta universal consideran que el regreso a este sistema sería una oportunidad para incrementar la recaudación fiscal mediante la tributación de los ingresos obtenidos por los contribuyentes en el extranjero, compensando así la caída en recaudación ocasionada por la pandemia.
El problema de esta recomendación es que es miope, pues se limita a ver la renta territorial como una barrera a la capacidad extractiva del gobierno nacional, en lugar de considerar que la fuga de capitales y la falta de inversión en el país es una respuesta racional a la inseguridad y onerosidad de operar en la economía nacional. Independientemente de estas recomendaciones, la decisión corresponde al Congreso de la Republica, quien debe atenerse a la voluntad popular; no obstante, antes de impulsar una reforma tributaria es crucial hacerse la siguiente pregunta, ¿Qué garantía tenemos de que el sistema de renta universal resolverá una crisis de insolvencia fiscal y malgasto de fondos públicos?
La verdad es que no tenemos ninguna garantía, pues la reciente caída en los ingresos tributarios es consecuencia de una crisis global sanitaria y económica generada por la pandemia. El argumento del ICEFI y del SAR con respecto a que el establecimiento de la renta territorial es la causa de una fuga de capitales y un decrecimiento en la recaudación fiscal es patentemente falso, pues la renta territorial está vigente desde el 2017, pero los ingresos fiscales han venido creciendo constantemente desde el 2014 al 2019, según demuestran los propios datos del SAR en su Informe Anual 2019. En el 2016, el último año en que estuvo vigente la renta universal en Honduras, la Administración Tributaria recaudó L. 53,404.48 millones; y, para el 2019, esta cifra aumentó a L. 63,742.65 millones, lo que representa un incremento de 19.36% en la recaudación fiscal en apenas 3 años, a pesar de haberse implementado el principio de territorialidad tributaria.
Lo que sí garantiza un regreso a la renta universal es que nuestra economía se vuelva menos competitiva frente el resto de los países de la región. De hecho, los sistemas tributarios de todos países de Centroamérica (El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá) se rigen por el principio de territorialidad. Un regreso a la renta universal nos convertiría en el único país en Centroamérica que grava los ingresos que los contribuyentes obtengan por sus inversiones en el extranjero.
El regreso a un sistema de tributación universal es una medida que, por alimentar un apetito fiscal insaciable, ahuyentaría la inversión nacional y extranjera, motivando a que las casas matrices o holding companies de las empresas multinacionales migren a países con un sistema de renta territorial, donde los beneficios que obtengan de sus subsidiarias extranjeras no sean gravados nuevamente por el país que las hospeda. En el caso particular de Honduras, un sistema de renta universal implicaría la doble tributación de los ingresos obtenidos por las multinacionales, porque el país no tiene ni un solo Convenio internacional para Evitar la Doble Tributación.
De igual forma, los individuos con grandes patrimonios, conocidos como High Net Worth Individuals, tendrán un incentivo para renunciar a sus ciudadanías y residencias hondureñas, pues éstas habilitarían al SAR a fiscalizar y gravar sus inversiones en cualquier parte del mundo. El sector turismo y residencial no podrá promover el país como un paraíso tropical donde las personas extranjeras de la tercera edad pueden comprar propiedades, retirarse y vivir tranquilamente durante su vejez, pues tendrán que someter sus ingresos y patrimonio a la fiscalización y tributación ante una administración tributaria tercermundista.
Por estas y otras razones, la mayoría de los países de la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) han establecido en sus sistemas tributarios, de una forma u otra, los beneficios que representa un sistema de renta territorial. Para el 2019, de los 37 países miembros de la OCDE, 31 países han establecido una exención fiscal sobre los dividendos obtenidos de inversiones en el extranjero y 28 países han establecido exenciones sobre las ganancias de capital obtenidas en el extranjero. Evidentemente, los países con un régimen de tributación territorial se presentan a nivel internacional como jurisdicciones más competitivas que aquellas con un sistema de renta universal (International Tax Competitiveness Index 2019, Tax Foundation).
Para fomentar el desarrollo socioeconómico de Honduras, el Gobierno Nacional debería concentrarse en la democratización del sistema electoral del país, el fortalecimiento de la independencia y capacidades técnico-profesionales del Ministerio Público y el Poder Judicial, en transparentar la administración pública y reducir el gasto público, en la modernización de los sistemas de salud y educación, y en la reducción de la carga tributaria y la tramitología burocrática que condena a la mayoría de la población hondureña a realizar sus actividades económicas en el sector informal.
En conclusión, las recomendaciones de ICEFI y SAR son superficiales, pues no toman en cuenta los efectos negativos de un sistema de renta universal y optan por una supuesta “solución” cortoplacista que consiste en fiscalizar y gravar patrimonios que nada tienen que ver con Honduras, pues han sido generados en el extranjero. Una medida que sí garantiza la atracción de inversiones e inversionistas al país sería la formalización de una competitiva red de Convenios para Evitar la Doble Tributación (CEDT) con nuestros principales socios comerciales, una estrategia probada que países como Suiza, Países Bajos, el Reino Unido, España e Irlanda han adoptado exitosamente para captar la inversión de algunas de las empresas más grandes del mundo a su territorio.
Ricardo R. Noé es economista con Maestría en Estudios Latinoamericanos y del Caribe por la Universidad de Florida. Es estudiante del Doctorado en Ciencias Políticas con concentración en Economía Política de la Universidad de Texas en Dallas y funge como Economista de la Fundación para la Libertad Económica y COO del Central America Freedom Institute.
Jorge C. Colindres es abogado, consultor empresarial y analista de políticas públicas. Se especializa en el desarrollo de sistemas de gobierno corporativo para empresas multinacionales, la planeación tributaria internacional y la protección patrimonial. Es directivo y cofundador de la Fundación para la Libertad Económica.
